Cerca de $5 billones están en juego por demandas contra el impuesto del CREE

Las demandas han sido admitidas y están caminando en el alto tribunal. Ortega explicó que entre los argumentos que exponen los demandantes es que hubo vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso de la República.



"Hay varias demandas que tratan de argumentar temas de procedimiento, que son los más fáciles de explotar, que por tratarse de parafiscalidad, debió ser a través de una ley estatutaria y no ordinaria", señaló.

Ortega consideró que "dado que hay tantos intereses en juego y el CREE redistribuye de manera tan importante la tributación, es normal que en estos temas haya pujas porque los intereses económicos son multimillonarios".

Según las estimaciones de recaudo de la DIAN, entre mediados de 2013 y abril del presente año, el CREE ha permitido recaudar cerca de 5 billones de pesos.

Al ser consultado sobre las consecuencias de la eventual caída del CREE en la Corte Constitucional, indicó que "son esos escenarios en los que uno casi que quisiera no pensar porque es muy complejo".

El funcionario justificó la existencia del impuesto CREE con el argumento de que redistribuye los ingresos y busca "reducir los niveles de desigualdad que en Colombia son insoportables".

Preocupación

El Director de la DIAN reiteró su preocupación por las demandas que buscan tumbar el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y advirtió sobre el riesgo de tener que devolver cuantiosos recursos recaudados.

Las demandas contra ese impuesto y otros creados por la Reforma Tributaria en 2012, han sido admitidas y están en curso, a través de distintos mecanismos como la tutela.

Ortega señaló previamente que un eventual fallo adverso contra ese impuesto, "dejaría desfinanciado al Estado y le abre una tronera (fiscal) de unas dimensiones que no le puedo contar".

Dijo que "uno queda preocupado. Eso le genera a uno más dificultades sobre cuál será el horizonte, tanto administrativo como fiscal".

La preocupación del Director de la DIAN salió a flote a raíz de un reciente fallo judicial que ordena al Congreso devolverle 1.500 millones de pesos que pagó en el año 2001 una empresa por un impuesto arancelario que posteriormente fue declarada inconstitucional.