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Directora Administrativa del Congreso e intermediario aseguran que no hubo irregularidades en subasta de vehículos

Astrid Salamanca, directora administrativa del Congreso de la República y Nazareno Cardoso, gerente de la comercializadora NAVE, intermediario en el proceso de subasta de varios vehículos blindados del Congreso, aseguran que no se presenta ningún tipo de irregularidad en la venta de los automotores.

La funcionaria dijo en comunicación con RCN La Radio que la responsabilidad sobre unos vehículos que fueron subastados por esa corporación hace algunos meses, y que al parecer estaban siendo exhibidos para su venta en las calles de Bogotá, son responsabilidad de las empresas que los compraron.

Salamanca precisó que dicha venta se realizó a través de una entidad que ya había obtenido la licitación, antes de que ella se posesionara en ese cargo.

"Los vehículos se remataron porque por instrucciones de la Contraloría General al tener suscrito el contrato con la Unidad Nacional de Protección, quien nos entrega los vehículos nuevos que tenemos para los Senadores, debíamos salir de los otros automotores", dijo.

Salamanca agregó que dichos automotores no se pueden vender de manera libre, ya que los vehículos cuentan con unas características especiales que están reguladas a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

"Se subastaron a través de una entidad que estaba antes de que yo llegara y están en ese proceso (…) Las placas no se cambian, lo que se cambia es la tarjeta de propiedad cuando la Superintendencia de Vigilancia autoriza la compra", afirmó.

Por su parte, el Gerente de la Comercializadora NAVE, que actuó como intermediaria en el proceso de subasta, dijo en diálogo con RCN La Radio, que los vehículos blindados aún siguen apareciendo a nombre del Congreso, debido a que los trámites al dueño final pueden tardar varios meses por los requisitos que exige la Superintendencia de Vigilancia.

"Nosotros como comercializadora NAVE ejercemos una intermediación comercial en este caso entre el Senado y los comerciantes de vehículos cuando salen estos automotores porque ya cumplieron una vida útil y están deteriorados. Nosotros hacemos un avalúo y luego los sometemos a subasta pública. En este caso, con los vehículos blindados, hay una serie de requerimientos que revisa la Superintendencia de Vigilancia para su venta (…) Acá no hay nada ilegal", indicó.

El reconocido empresario aseguró que el hecho de que los automotores se encuentren en la calle rodando sin los respectivos permisos, son de responsabilidad exclusiva de los compradores.

"Posteriormente hay que hacer todo un proceso para que el tenedor final justifique el proceso para que le sea autorizado el carro blindado. Ahora ese proceso puede tardar varios meses (…) Finalmente, la responsabilidad de que estos automotores estén circulando sin los respectivos requisitos, sí son de responsabilidad exclusiva de sus dueños", manifestó.